Inspección de Telecomunicaciones

Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación

La vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación tiene por objeto verificar que la comercialización, puesta en servicio y uso de estos productos es conforme a la normativa española y europea sobre Mercado Único Europeo.

La Secretaría de Estado es la autoridad competente en la vigilancia del mercado de equipos radioeléctricos y de equipos de telecomunicación que no sean radioeléctricos.

Los fabricantes de equipos de telecomunicación deben evaluar su conformidad, particularmente, en lo relativo al cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad, de compatibilidad electromagnética y de uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como cumplir con el resto de requisitos de carácter administrativo que dispone la normativa sectorial.

Las actividades de vigilancia de mercado provienen tanto de campañas específicas que se acometen a nivel nacional y europeo como de denuncias de particulares y empresas. Estas actuaciones se realizan en todo el territorio nacional a través de las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones. Los agentes económicos implicados en la cadena de distribución están obligados a colaborar con la Administración, que tiene la potestad de retirar puntualmente equipos para inspecciones.

Las potestades administrativas de la autoridad de vigilancia de mercado se aplican haciendo uso del principio de proporcionalidad y abarcan desde la petición de subsanación hasta la retirada definitiva del mercado de los equipos que no son conformes con los requisitos establecidos.

En la sede electrónica del Ministerio se encuentra el procedimiento para las autorizaciones de uso temporal de equipos radioeléctricos y el procedimiento para remisión de documentación en vigilancia del mercado de equipos.

La Secretaría de Estado participa en los foros europeos de autoridades de vigilancia de mercado en los que, de una parte, España ejerce su representación institucional con plenos efectos jurídicos en las normas de Derecho comunitario que se producen y, por otro lado, se comparte información y buenas prácticas con el objeto de crear una red plenamente operativa de cooperación transfronteriza.