Normativa

El artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, está dedicado a los consumidores vulnerables, estableciendo que serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.

El 25 de diciembre de 2016 entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.

Atendiendo a la previsión de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, se ha procedido al necesario desarrollo reglamentario de las medidas adoptadas en el mismo a través de la aprobación del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

En el real decreto se ha definido la figura del consumidor vulnerable, asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar. Estos umbrales pueden verse incrementados si se acredita la concurrencia en uno de los miembros de la unidad familiar de determinadas circunstancias especiales. Adicionalmente, se reconoce a determinados colectivos la percepción del bono social con independencia de su nivel de renta.

Dentro de los consumidores vulnerables, se establece un bono social de mayor cuantía para los consumidores vulnerables severos, que son definidos por referencia a umbrales de renta más bajos que los señalados con carácter general.

Se crea además una categoría diferenciada dentro de los consumidores vulnerables severos, a saber, los consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos que, cumpliendo los umbrales de renta de aplicación, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local.

Asimismo, se ha aprobado la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla dicho Real Decreto.

En la orden se establecen los modelos de solicitud de aplicación del bono social, la documentación acreditativa que debe acompañar la solicitud, los criterios de cómputo del requisito de renta y los mecanismos con los que se comprobarán los requisitos establecidos en dicho real decreto para ser consumidor vulnerable y vulnerable severo y percibir el bono social. 

En los siguientes enlaces se encontrará la normativa citada: